El dato sanitario es un bien público que debe protegerse

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En la jornada organizada por la OMC y el Institute of Audit & IT Governance se ha destacado la necesidad de desarrollar y aplicar leyes específicas contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad especial de protección de los datos de salud o de los menores. Es un hecho que “el mundo virtual se parece cada vez más al mundo real, para lo bueno y para lo malo” y por ello se precisan leyes eficaces “que pongan ya las fronteras”

Madrid, 16 de diciembre 2010 (medicosypacientes.com)

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Mesa inaugural de la jornada que ha podido seguirse
por videoconferencia desde 17 colegios

Organizado por el Institute of Audit & IT Governance (IAITG) y la Organización Médica Colegial (OMC), se ha celebrado en Madrid una jornada sobre “La reforma del código penal” en donde se ha prestado especial atención al delito informático, la protección de los menores y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Esta jornada, que constituye el preludio de otros cursos para formar especialistas en la prevención del fraude informático y económico, ha podido seguirse desde 15 Colegios de Médicos diferentes, gracias al sistema de videoconferencia que ha incorporado recientemente la OMC.

En el acto inaugural, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín ha destacado cómo “el dato sanitario es un bien público a cuidar especialmente” y ha hablado de ese vínculo de confianza entre médico y paciente que se produce en la intimidad de la consulta. En muchas ocasiones, más aún en el ámbito de la salud mental, se entra en el mundo de lo afectivo y toda esa información debe quedar registrada, pero se hace confiando en que no va a salir de ahí dicha información. Nadie, pues, salvo el médico que atiende al paciente, debe tener acceso a dicha información, aunque la misma –sin nombres y apellidos que la relacionen con el sujeto- sí pueda estar disponible para análisis epidemiológicos u otro índole sanitario.

Hay numerosos ejemplos, según explicó, que ilustran perfectamente esta necesidad de confidencialidad de la información, como por ejemplo en el caso de enfermedades genéticas que condicionan a toda la descendencia y si trascienden no sólo marcarían públicamente al afectado sino también a sus familiares. Por consiguiente esa protección de los datos de la historia clínica están en “la base de los derechos humanos” y resulta del todo inadmisible el hecho que se ha producido recientemente en algunas Comunidades Autónomas en que otras personas han podido acceder e incluso hacer cambios en esas historias clínicas.

Precisamente en este ámbito sanitario, el director de IAITG y del DPI-ISMS, Antoni Bosch, ha puntualizado que “esto nos afecta a todos, porque sujetos pasivos de la sanidad somos todos”. Por otra parte, ha alertado que no sirve de nada gastarse ingentes cantidades de dinero en sistemas informáticos si luego la gente puede acceder, imprimir y hasta tirar luego a la basura esa información sensible. “cada vez hay más datos nuestros en la Red y cada vez son más accesibles –ha alertado- y ya es hora de poner fronteras”.

También en el acto inaugural, el director de la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid, Santiago Abascal, ha señalado cómo “el mundo virtual se parece cada vez más al mundo real, para lo bueno y para lo malo” y se ha referido de manera especial a los riesgos que tiene Internet para los jóvenes y de “los que muchos no son conscientes”.

En concreto ha citado que “el 93% de los menores de 18 años son usuarios de Internet” y que estos “tienden a compartir información sensible sobre ellos mismos o sobre otras personas”. Por este motivo, la Comunidad Autónoma de Madrid está poniendo en marcha diversas medidas y ha anunciado que el próximo 28 de enero dará comienzo una campaña “sobre el uso positivo de Internet y las redes sociales, pero alertando también de sus riesgos”.

La ciberdelincuencia, a la orden del día

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Cada día podemos leer en los medios de comunicación noticias relativas a ataques informáticos, acceso a contenidos protegidos, etc., lo que constituye una preocupación a nivel mundial al plantear serios problemas tanto para los propios sistemas informáticos como para la información que contienen.

La carencia o insuficiencia de leyes que protejan frente a este tipo de delitos deja a las empresas y organizaciones desprotegidas ante tales ataques. La protección que cada uno establezca en sus equipos es insuficiente para impedir dichos ataques y resulta imprescindible el desarrollo e implantación de leyes que tipifiquen el delito y protejan frente al mismo.

Sin embargo la ciberdelincuencia tiene fuertes aliados como son la ausencia de fronteras en Internet o la posibilidad de que estos puedan actuar en grupo, de forma remota e incluso desde diversos lugares al mismo tiempo.

El desarrollo y aplicación de leyes específicas constituye un importante paso adelante. Pero ¿será todo esto suficiente? Ante este tipo de ataques los gobiernos deben trabajar en equipo para implantar un marco jurídico común que les impida escapar tras cometer el delito.

Ante la reforma del Código penal

El próximo 24 de diciembre entra en vigor la reforma del código penal con importantes novedades en lo que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de los menores y especial referencia al delito informático, por lo que esta jornada no ha podido resultar más oportuna.

De la citada reforma del Código penal destaca, por ejemplo, que: “se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas” y contempla aspectos delictivos como los “ataques a sistemas informáticos”.

En referencia a los menores, cita: “la necesidad de castigar penalmente” estas conductas y contempla “penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”.

Y sobre el delito informático contempla tanto las acciones contra esos bienes jurídicos como contra su contenido. Es decir, tanto las acciones de “dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos” como “el descubrimiento y revelación de secretos” incluyendo “el acceso sin autorización”.